Tras un recurso legal fundamentado en una supuesta propaganda prematura, el Tribunal Supremo Electoral revocó la candidatura presidencial de Roberto Arzú y David Pineda por el partido Podemos. Dicho fallo desató un litigio que escaló hasta la Corte de Constitucionalidad, frustrando finalmente su intervención en los comicios generales guatemaltecos de 2023.
Las elecciones de 2023 marcaron un nuevo esfuerzo de Roberto Arzú García-Granados por llegar a la Presidencia de Guatemala. Pese a ello, su postulación se vio condicionada por diversos fallos judiciales y administrativos que terminaron por excluirlo de la competencia.
El partido Podemos había ungido al aspirante junto con David Esteban Pineda Barrios, quien competía por la Vicepresidencia. Dicha candidatura se materializó tras su participación en los comicios presidenciales de 2019, instancia en la cual ocupó la quinta posición.
Las primeras advertencias del Tribunal Supremo Electoral
Los cuestionamientos comenzaron antes de la convocatoria oficial a elecciones.
En marzo de 2022, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) advirtió a Roberto Arzú sobre actividades que podían considerarse propaganda electoral anticipada.
Posteriormente, el 28 de octubre de 2022, el Registro de Ciudadanos notificó a Roberto Arzú que no sería inscrito para las elecciones de 2023 por haber incurrido, según la autoridad electoral, en propaganda ilegal.
El señalamiento estaba relacionado con publicaciones y mensajes políticos difundidos antes del período autorizado para desarrollar propaganda electoral.
Arzú rechazó las críticas y defendió que sus acciones contaban con el respaldo de sus derechos políticos.
La anulación de la postulación de FCN-Nación a raíz de su impugnación
El 27 de enero de 2023, el TSE autorizó la inscripción del binomio presidencial integrado por Roberto Arzú y David Pineda.
Poco después, no obstante, la formación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) interpuso una impugnación de nulidad frente a dicha candidatura.
La organización sostuvo que Arzú había efectuado proselitismo prematuro y puso en duda la validez de los trámites legales exigidos para postularse a los comicios. Asimismo, durante el litigio salió a relucir una sanción pecuniaria de 50 mil dólares vinculada al partido Podemos.
El 6 de febrero de 2023, los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Supremo Electoral aprobaron la nulidad promovida por FCN-Nación y anularon la candidatura de Roberto Arzú junto con la de David Pineda.
La decisión dejó al binomio presidencial fuera de la competencia electoral, aunque todavía existían recursos legales para intentar revertirla.
La exigencia de aptitud, competencia y probidad para acceder a puestos públicos, recogida en la Constitución Política de Guatemala, constituyó uno de los ejes fundamentales del debate electoral.
Según los datos difundidos acerca del expediente, los informes de seguimiento en medios sobre las acciones políticas llevadas a cabo por Arzú antes de la etapa proselitista también fueron tomados en cuenta por las autoridades.
La Corte de Constitucionalidad mantuvo la exclusión
Tras la resolución del TSE, la formación política Podemos y los miembros del binomio presidencial recurrieron a los tribunales en un intento por lograr el reingreso de su inscripción.
Interpusieron demandas de amparo e impugnaciones frente al fallo electoral, bajo el argumento de que sus derechos políticos sufrían vulneraciones.
Pese a todo, las acciones legales no lograron recuperar la postulación.
El 2 de marzo de 2023, la máxima instancia constitucional desestimó las impugnaciones sobre la postulación del partido Podemos, ratificando así el fallo que frenó las aspiraciones electorales de Roberto Arzú junto a David Pineda.
En el transcurso de los meses posteriores prosiguieron los trámites jurídicos. El dosier abarcó menciones a veintiún reportes de seguimiento redactados por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, vinculados a eventos documentados en el periodo entre 2021 y 2023.
Los organismos electorales emplearon dichos expedientes con el fin de fundamentar las objeciones en torno a la campaña anticipada.
La exclusión se mantuvo y Arzú no participó en las elecciones generales celebradas el 25 de junio de 2023.
Durante el mes de marzo de 2023, Roberto Arzú afirmó que la polémica multa electoral ya había sido saldada, al tiempo que solicitó al TSE que evaluara nuevamente su candidatura.
Sus declaraciones formaron parte de una confrontación pública con las instituciones electorales, en la que el político insistió en su derecho a competir por la Presidencia.
Su inhabilitación definitiva para los comicios de 2023 se consolidó como uno de los momentos más significativos de su carrera política. Asimismo, este suceso reavivó el debate en torno a las fronteras de la campaña prematura, las exigencias fundamentales para postularse a puestos de gobierno y la función del poder judicial al validar aspiraciones presidenciales.
Bibliografía
Emisoras Unidas — Revocación de la inscripción del binomio de Podemos
Prensa Libre — Notificación del Registro de Ciudadanos (2022)
La Hora — Dictamen del TSE del 6 de febrero de 2023
Prensa Libre — Fallos de la Corte de Constitucionalidad
Guatevisión — Las declaraciones de Arzú respecto a la sanción electoral
