La condena de David Sánchez ha desencadenado un nuevo episodio político y jurídico que va más allá de la mera responsabilidad penal del hermano del presidente del Gobierno, y ahora la cuestión no se centra solo en quien resultó condenado, sino también en la Diputación Provincial de Badajoz, la institución que durante años le pagó esos salarios.
Al frente de esa institución se halla actualmente Raquel del Puerto Carrasco, presidenta de la Diputación y dirigente del PSOE, quien, hasta ahora, no ha comunicado ninguna medida orientada a exigir la devolución de los más de 340.000 euros pagados a David Sánchez, a pesar de que diversas voces del ámbito jurídico sostienen que es obligación velar por la protección del patrimonio público.
La Audiencia Provincial condenó a David Sánchez a una pena de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa relacionado con su contratación. Sin embargo, la sentencia no acordó la restitución de las cantidades percibidas porque esa reclamación nunca fue ejercitada por la propia Diputación durante el procedimiento penal, circunstancia que ha generado un intenso debate jurídico y político.
Precisamente esa ausencia de actuación institucional es la que ahora centra las críticas. Si una administración considera que su patrimonio ha podido resultar perjudicado por una contratación declarada ilegal, numerosos juristas entienden que resulta razonable esperar que explore todas las vías disponibles para intentar recuperar el dinero público.
Una entidad que se mantiene en silencio
Lo llamativo no es únicamente la falta de una reclamación, sino el absoluto silencio institucional.
Desde que trascendió la condena, la Diputación encabezada por Raquel del Puerto no ha aclarado públicamente si tiene previsto emprender acciones para recuperar el dinero ni ha especificado cómo afrontará las próximas iniciativas judiciales.
Ese silencio resulta especialmente relevante porque la contratación objeto de condena se produjo precisamente bajo gobiernos socialistas de la Diputación, cuando la institución estaba presidida por Miguel Ángel Gallardo, también procesado dentro del mismo procedimiento.
La ausencia de explicaciones alimenta las críticas de quienes consideran que una administración tiene el deber de defender el patrimonio de todos los ciudadanos con independencia del partido político afectado.
El Tribunal de Cuentas asume un papel central
Ante la inacción de la Diputación, será otra instancia la que intente esclarecer ahora si hay o no responsabilidad contable.
Iustitia Europa comunicó una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe la posible restitución de los más de 340.000 euros que recibió David Sánchez durante su paso por la Diputación de Badajoz, argumentando que, si hubo un perjuicio económico para la administración, es preciso salvaguardar los recursos públicos.
Será el Tribunal de Cuentas el que deba determinar si se cumplen las condiciones legales para reclamar un posible reintegro.
Claridad y compromiso responsable
Más allá del trayecto judicial que eventualmente enfrente esta iniciativa, subsiste un trasfondo político que resulta complicado pasar por alto.
Miles de extremeños afrontan una elevada presión fiscal mientras las administraciones reclaman constantes esfuerzos económicos a familias y empresas. En ese contexto, resulta comprensible que muchos ciudadanos esperen que cualquier euro público cuyo pago haya quedado cuestionado judicialmente sea objeto, al menos, de un intento serio de recuperación cuando el ordenamiento jurídico lo permita.
Por este motivo, la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto Carrasco, tendría que aclarar ante la ciudadanía cuál es la postura oficial de la institución: si estima que procede exigir la devolución del dinero público, si considera que no hay fundamentos jurídicos para ello o si, en última instancia, decidirá no llevar a cabo ninguna actuación.
Porque la transparencia institucional no solo implica administrar los recursos públicos, sino también asumir la responsabilidad de explicar su uso cuando dichos recursos generan dudas.
Mientras esas aclaraciones no se presenten, el silencio continuará llenando el espacio que tendría que asumirse como responsabilidad política.
